A lo largo de 2009 y en estos primeros meses de 2010, Business Software Alliance (BSA), la entidad que representa a la industria del software en defensa de sus derechos de propiedad intelectual, ha llevado a cabo en España un total de 278 acciones legales contra firmas por su presunta utilización de software ilegal. El coste total para las empresas españolas fue de 1, 1 millones de Euros, lo que supone un incremento del 41,1 % respecto a los 647.628 Euros de 2008.
Entre estas acciones destaca las llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid con un total de 101 acciones y la realización de tres registros en oficinas de sendas compañías con sede en la capital para inspeccionar su utilización de software fraudulento, con un coste medio de 109.421,46 Euros por cada una de las empresas.
"BSA cuenta con un programa jurídico muy fuerte, pero en nuestra organización también estamos muy preocupados por la educación de las empresas sobre las ventajas reales de utilizar software legal", comenta Luis Frutos, presidente del Comité español de BSA. "Ofrecemos una amplia gama de información, herramientas y asesoramiento gratuito que ayuda a las empresas a comprender y gestionar mejor sus activos de software, y puede contribuir a una mayor optimización de sus recursos. De hecho, con una gestión eficiente de los programas de software se puede ahorrar dinero mediante la identificación de software infrautilizado".
En este sentido, BSA ha puesto en marcha, desde el pasado 17 de mayo, una campaña de información a través de cartas dirigida a pequeñas empresas y empresarios para que conozcan las ventajas de usar software legal y los graves riesgos operativos y legales a los que se enfrentan por el uso de programas pirateados. Con esta campaña BSA busca también promover el valor del software como un activo clave en la productividad del negocio y en el normal desarrollo de su actividad.